En las últimas semanas han sido varios los festivales que han explicado que no procedían a su cancelación debido a la falta de la aplicación del estado de fuerza mayor por parte del Gobierno de España. Las declaraciones ayer por parte del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido su respuesta por parte de la Asociación de Promotores Musicales (APM) en un comunicado en el que expresan su indignación y proponen medidas concretas.

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“La Asociación de Promotores Musicales (APM) denuncia que el gobierno de España ha abandonado el sector de la música en vivo al no anunciar la aplicación del estado de fuerza mayor como han hecho otros países europeos ante la crisis del coronavirus. Las medidas aprobadas este martes tras meses de negociación, que se resumen en la frase del ministro de Cultura al ser preguntado por los festivales “Eso se decidirá cuando llegue el momento”, se consideran “una tomadura de pelo” que pone en la cuerda floja a promotores y artistas al no permitirles aplazar o cancelar eventos amparados por un marco legal.

Mientras el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, declaraba que hablar de eventos como FITUR o Mobile World Congress durante la desescalada no tenía sentido ya que eran inviables, el Ministro Uribes ha vuelto a dejar desamparada una vez más a la música en vivo declarando: “Tendremos que esperar con las posibilidades de su realización. Siempre, desde el minuto uno siguiendo los criterios de sanidad, científicos y el principio de prudencia. Responderemos si se produce esa celebración o no cuando llegue el momento”.

Tan solo ha aconsejado posponer los eventos, en la medida de lo posible, sin tener en cuenta la verdadera realidad del sector. A pesar de pedir ayuda y mostrarse colaborativos, los promotores sienten que si el Gobierno de Sánchez no declara urgentemente el estado de fuerza mayor está empujándolos hacia el abismo.

APM también critica que las medidas del gobierno excluyan al sector de la música en aspectos como el tratamiento del Impuesto de Sociedades, o del IVA, la concesión de subvenciones directas para las salas de conciertos y otras medidas de apoyo específicas en relación a la ampliación de los períodos de las medidas para atender la reducción de ingresos por los derechos de propiedad intelectual de ejercicios venideros.

Otras medidas urgentes

APM reclama que la medida anunciada en materia de desempleo para los artistas se extienda a todas la personas que trabajan en la cadena de valor de la industria y pide crear un fondo de compensación económica para otorgar una renta básica temporal a los autores, productores, músicos y profesionales por cuenta propia de la industria musical que se enfrenten a necesidades ante la paralización de su actividad. Y también para aquellos autores, productores, músicos trabajadores por cuenta ajena y profesionales cuya actividad se realiza mayoritariamente por contratos de obra y servicios que no se van a llevar a cabo. Este fondo cuya administración estará asegurada por la organización de gestión colectiva u organismos respectivos.

Los consumidores, también desprotegidos por el Gobierno

Además de la aplicación de la Fuerza Mayor, en el Real Decreto se han quedado fuera otras demandas, como y la flexibilización de las normativas de consumo para permitir una gestión ordenada de la cancelación o la gestión de la devolución de las entradas de dichos eventos amparados legalmente.

Uribes tan solo ha afirmado que desde su cartera están trabajando con el sector de la música en vivo y el Ministerio de Consumo “para encontrar una solución equilibrada al tema de la devolución de entradas”, pero tampoco ha anunciado ninguna medida al respecto.

De esta manera, los promotores declaran que el público quedará igualmente desprotegido al no declarar la Fuerza Mayor ya que, al no poderse cancelar los eventos musicales multitudinarios amparados por la ley, éstos seguirán programados y serán millones de consumidores los que quedan expuestos a perder sus reservas de hoteles y viajes “cuando llegue el momento” de aplicar esta medida.

Medidas específicas urgentes de gestión reclamadas por APM
1. Aplicar el concepto por causa de fuerza mayor para permitir la posibilidad de suspensión o aplazamiento de los eventos musicales programados antes del Estado de Alarma cuya celebración esté prevista en el año 2020.

2. Flexibilización de la normativas de Consumo en relación a la devolución del importe de entradas en el caso de aplazamiento y cancelación tal y como se ha desarrollado en países como Portugal, Bélgica, Alemania e Italia, entre otros, con el objetivo de que las entradas de un evento aplazado sirva para la nueva fecha programada en un plazo entre la fecha del original evento aplazado y el 31 de diciembre de 2021.

3. En la relación de la Ley del impuesto de Sociedades y al IVA proponemos: Reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades en, al menos, 2 ejercicios mientras se recupere la dinámica de la actividad en el sector de la música.

Ampliar la deducción del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para incluir las actividades de producción, edición y distribución discográfica, y establecer dicha deducción en un 40 por ciento de los gastos realizados tanto para estas actividades como para la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales e incrementar el límite en la aplicación de deducciones del mismo artículo 36 desde el 25% hasta el 50% de la cuota íntegra.

Reducción del IVA del 21% al 10% de todos los servicios relacionados con la música en vivo y música grabada y del 10% al 4% de las entradas de la música en directo.

4. Adaptación de los ERTE por el COVID-19 a la realidad de la industria de la música pudiéndose ampliar hasta que la actividad no pueda volver a la normalidad al 100%.

5. Adaptación de los Fondos de Financiación del Estado por el COVID-19 a la realidad de la industria de la música, en particular a las pymes y autónomos y a figuras jurídicas como los AIE. En este sentido, dado el desfase temporal entre los periodos de recaudación y liquidación por parte de las Entidades de Gestión en materia de derechos de propiedad intelectual, extensión de las mismas medidas de apoyo acordadas para otros sectores para los períodos en que se produzcan las disminuciones de ingresos en liquidaciones de ejercicios venideros (2021, 2022) como consecuencia de las caídas de recaudación sufridas durante el periodo de aplicación del Estado de Alarma”.